El nuevo modelo de financiación local -que en principio debe entrar en vigor en 2009- vendrá con ‘sorpresas’. Y no, precisamente, agradables para el bolsillo de los ciudadanos. El texto que ha remitido la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) al Ministerio de Economía para ser negociado antes de que acabe el año, y en paralelo a la financiación autonómica (como ha prometido el presidente Zapatero), incorpora una subida generalizada de los tributos municipales.
Ente las medidas que han planteado los ayuntamientos se encuentra la reforma del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) con el objetivo de que las entidades financieras paguen este tributo en función de sus beneficios, lo que supondrá la creación de un índice corrector dentro del IAE. Este índice vendría a sustituir al impuesto que hoy pagan en algunos municipios bancos y cajas de ahorros por cada cajero automático instalado en las calles, y que ha dado muchos problemas desde el punto de vista legal. Los ayuntamientos, según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, han visto con preocupación que desde la gran reforma del IAE de 2002, los beneficios de las entidades financieras han subido un 170%; pero, a pesar de eso, su peso en la recaudación total del Impuesto de Actividades Económicas ha bajado del 1,46% al 0,19%, lo que en principio es un contrasentido. Dándose, además, la paradoja de que bancos y cajas se deducen ese gasto del Impuesto de Sociedades.
En paralelo, los ayuntamientos se plantean reducir el IAE (que hoy pagan las empresas que facturan más de un millón de euros) para determinadas actividades constructoras y de rehabilitación de viviendas en aras de ayudar al sector en unos momentos especialmente adversos. La intensidad de la reducción la articularía cada a ayuntamiento en función de su margen de maniobra presupuestario.
A partir del año 2009, igualmente, los ayuntamientos españoles tendrán a su disposición un renovado Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con el que se pretende introducir elementos de progresividad frente al modelo actual, en el que hay un tipo general que se aplica con independencia del nivel de rentas. Por esta vía recaudarán más, pero, a cambio, y para compensar sus efectos adversos, han propuesto la creación de una especie de IBI social que llevaría aparejado una reducción del tipo de gravamen del 50% para parados de larga duración y pensionistas. El resto de ciudadanos pagaría más en función del tipo aplicado por cada municipio.
Cambio de valoración en las plusvalías
En el impuesto que grava las plusvalías por el incremento del valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, la propuesta de la FEMP, que lleva la firma de todos los grupos políticos, lo que garantiza su aprobación, se basa en reformar el método de valoración. Así, en lugar de tener en cuenta el valor catastral a la hora de pagar las plusvalías, se aplicaría el valor de referencia que se fija para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de cuantía más elevada.
En el ICIO, el impuesto que grava las construcciones y las obras en general, el objetivo es recaudar más por una vía: aplicar un tipo de gravamen a los solares vacíos, algo que amenaza con ser fuertemente polémico. Los tipos de gravamen serán diferentes con un máximo del 5%, según la propuesta de la FEMP. Es decir, un punto porcentual más que ahora para las licencias de obras.
En el impuesto que grava la posesión de vehículos, se pretende ‘superar’ el concepto de ‘caballos fiscales’, y que hoy ha quedado obsoleto. En este sentido, se ha optado por que el método de valoración tenga que ver con el precio de adquisición del vehículo, modulando los tipos a aplicar en función de factores medioambientales. Para las flotas de vehículos se ha previsto aplicar las cuotas máximas en caso de que haya deslocalización, algo cada vez más frecuentes. Algunos municipios bajan los tipos impositivos para que las empresas matriculen allí sus vehículos, lo cual es una especie de fraude de ley.
Todavía no hay consenso, pero es una posibilidad que está sobre la mesa, la posibilidad de aplicar un recargo municipal sobre el IRPF. Se baraja una horquilla entre 0% y el 5%, y para hacerse una idea de su potencia recaudatoria hay que tener en cuenta que aplicando el segundo de los tipos el ayuntamiento de Madrid recaudaría 300 millones de euros adicionales. El recargo, en cualquier caso, sería voluntario y no obligatorio, por lo que cada municipio podría articular su propia estrategia fiscal.
Esta posibilidad se plantea como una solución de emergencia en caso de que el nuevo modelo de financiación local no les reconozca determinados servicios que hoy prestan a los ciudadanos sin tener competencias para ello. A esto lo llaman los municipios ‘gastos impropios’, y que ascienden a unos 6.500 millones de euros. Se trata en su mayoría de la provisión de servicios sociales que debería asumir las comunidades autónomas. No parece que en un contexto tan restrictivo como el actual en términos presupuestarios las comunidades autónomas estén en condiciones de asumir ese gasto, y de ahí que, según las fuentes consultadas, los ayuntamientos se vean a obligados a aumentar la presión fiscal, al mismo tiempo que a reducir los gastos.
Consaburenses de Hoy 
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